Perseguirán de oficio “piratería”
Ciudad de México, 29 de Abril.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que permitirá que las autoridades persigan de oficio la “piratería” en México, es decir sin necesidad de que exista una denuncia.
Durante la sesión de este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprobó con 245 votos a favor y siete abstenciones la reforma que pretende combatir la falsificación de diversos productos como discos compactos, programas de computación, películas y libros.
En el Código Penal Federal se contemplaba imponer de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien venda en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas.
La reforma que fue turnada al Senado, permitirá a las autoridades realizar operativos y detenciones sin que exista una denuncia de representantes de marcas establecidas que se vean afectadas por la piratería.
En los argumentos del dictamen se destaca que el fenómeno delictivo conocido como “piratería” no sólo afecta intereses de particulares, sino que vulnera los derechos de diversos sectores de la sociedad y al propio Estado que deja de percibir ingresos por concepto de impuestos.
“Por la consumación de este delito, resultan perjudicados además los creadores de obras y productos intelectuales, los artistas, los músicos, los editores de música, los distribuidores y vendedores legalmente establecidos y las industrias culturales como los productores de fonogramas, videogramas y software”.
Asimismo, señala el dictamen, las empresas que invierten en el desarrollo de marcas y los generadores de empleos directos e indirectos.
Agrega que los actos tendientes a la reproducción, distribución y venta indiscriminada en vía pública de obras, incluyendo las audiovisuales, fonogramas, videogramas y libros, así como artículos y mercancías que ostentan marcas protegidas, sin la autorización correspondiente, contraviene la garantía que tutela el Artículo 5 constitucional.
El dictamen aprobado añade que en la actualidad las personas sin ninguna inhibición venden mercancías con pleno conocimiento de que su venta es ilícita.
Esa situación, menciona, representa un gran costo para el país, ya que los inversionistas cancelan o posponen proyectos, pues consideran que el marco jurídico vigente y la aplicación de la ley adolecen de elementos eficientes que restan viabilidad a sus actividades.
“La persecución de dichos delitos por querella se ha vuelto ineficiente e ineficaz, por las crecientes conductas ilícitas desplegadas por grupos dedicados a estas actividades, aunado a las nuevas modalidades de la piratería, surgidas por las nuevas tecnologías, como Internet”, puntualiza.
Por ello, reitera que se requiere un accionar inmediato y generalizado de las autoridades competentes.
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