“Reforma no es privatizadora”
México, 1 de Julio.- Francisco Suárez Dávila, ex subsecretario de Hacienda, rechazó que la propuesta de reforma energética del Ejecutivo federal sea privatizadora o que viole la Constitución, y afirmó que existe consenso en fortalecer a Pemex.
Al hablar en el foro “Situación financiera y presupuestal de Pemex: vías para mejorarla”, expuso que el Congreso ya tiene bases para aprobar el proyecto presidencial, modificarlo o proponer otra iniciativa de reforma energética.
Explicó que las iniciativas presidenciales son positivas “y nadie puede argumentar que haya privatización o violación de la carta magna, ya que se busca dar autonomía de gestión a Pemex y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas”.
Empero, Suárez Dávila precisó que lo que “no es políticamente viable ni esencial es el esquema de las refinerías maquiladoras y el sistema privado de ductos y almacenajes”, lo cual podrían ser sustituido por otras propuestas.
Además “es necesario encontrar una fórmula satisfactoria para los contratos incentivados, y otra que permita a la paraestatal
llegar a alianzas estratégicas” con empresas privadas y públicas, detalló en el Senado.
Por su parte Carlos Tello Macías, ex secretario de Programación y Presupuesto, opinó que con la propuesta de reforma energética del Ejecutivo federal “la renta petrolera se diluirá poco a poco entre cada vez más socios y se les pagará con márgenes generosos de utilidades”.
A su juicio, se pretende permitir la participación de particulares en inversiones destinadas a transporte, almacenamiento y distribución de gas, productos refinados y petroquímicos, así como en la refinación de petróleo.
Indicó que la situación financiera y presupuestal de Petróleos Mexicanos (Pemex) es producto de las decisiones de los gobiernos federales en los últimos 25 años, que han empobrecido a la empresa paraestatal.
En tanto Gerardo Vargas, directivo de Bancomer, aseguró que el proyecto de presidencial de reforma energética busca que Pemex opere con más flexibilidad, capacidad y eficiencia.
Señaló que los problemas de la paraestatal no se deben a su régimen fiscal, que no pone en riesgo su vialidad financiera ni limita su operación, sino a factores de rigidez y poca competitividad.
Vargas Ateca afirmó que las propuestas presidenciales pretenden dar a Pemex más capacidad de ejecución para invertir, flexibilidad de operación y mejores prácticas de gobierno corporativo y de rendición de cuentas.
En su turno Alejandro Villagómez, académico del CIDE, se pronunció en favor del proyecto presidencial pues ayuda a avanzar en la modificación del marco regulatorio de la industria petrolera, el cual es “una camisa de fuerza”.
Agregó que las reformas del Ejecutivo pueden ser mejoradas para que la paraestatal cuente con más flexibilidad presupuestal y para contratar deuda, además de fortalecer su estructura de gobierno corporativo.
En otro momento Sergio Osorio, economista del IPN, sostuvo que las iniciativas “dejan ver con claridad el interés de la Secretaría
de Hacienda de mantener el control sobre Pemex en la conducción de su deuda y el manejo de los excedentes”.
“Las iniciativas legales presentadas por los últimos cuatro gobiernos federales han hecho de la escasez de recursos financieros su principal argumento para obligar el repliegue del Estado de su intervención en el sector energético”, consideró.
El integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía demandó que la paraestatal tenga una mayor flexibilidad corporativa, algo que actualmente impide el actual régimen.
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