Una “burla” congelamiento de precios: ALDF
Ciudad de México, 2 de Julio.- La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó puntos de acuerdo para pedir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informar sobre la calidad de los alimentos cuyos precios fueron congelados, así como el impacto de esta medida en la economía familiar.
Por considerar que es una “burla y un ardid publicitario” de las autoridades federales el programa de congelamiento de precios de poco más de 150 productos “chatarra”, el diputado Balfre Vargas Cortez propuso solicitar a la Profeco un informe detallado, análisis de calidad de productos, seguimiento, verificación, monitoreo y un estudio de impacto en la economía familiar.
El punto de acuerdo llevado a tribuna por el diputado perredista, Salvador Martínez Della Rocca, señala que en 18 meses de administración del presidente Felipe Calderón, el poder adquisitivo del salario mínimo ha registrado una pérdida acumulada de 27 por ciento, mientras los precios de productos como el fríjol, la lenteja, el huevo, el arroz, la carne y el pollo han registrado incrementos superiores al 50 por ciento.
El documento señala que de acuerdo a la última encuesta de ingreso-gasto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la actualidad los mexicanos destinan en promedio 30 por ciento de su ingreso para adquirir alimentos, lo que deteriora la distribución del ingreso en el país y polariza aún más a la sociedad.
Ante ello, el punto de acuerdo sostiene que el programa alimentario del gobierno federal constituye un engaño para las amas de casa y exhibe una doble moral, ya que por una parte libera precios que estimulan la inflación; y por la otra, firma acuerdos para controlar la misma espiral inflacionaria desatada por la ineptitud oficial.
Asimismo, a propuesta del diputado Balfre Vargas Cortez, llevada a tribuna por el diputado Salvador Martínez Della Rocca, se solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a combatir la red de corrupción que prevalece en el Instituto Nacional de Migración, especialmente ante la puesta en marcha de los operativos de verano denominados Paisano y Beta 2008.
Al considerar que existen señales de corrupción en esa dependencia federal, como los demuestra la desaparición de 37 indocumentados provenientes de Cuba y Centroamérica el pasado 11 de junio, en el punto de acuerdo se subraya que de la capital del país salen alrededor de 150 mil migrantes cada año, cifra que representa ya casi el 17 por ciento de todos los mexicanos que cruzan a Estados Unidos, ya sea como trabajadores temporales o definitivos.
En ese sentido, se sostiene que la protección de los capitalinos y su seguridad es un asunto que compete a la Asamblea Legislativa, y ante el riesgo que estos corren al regresar a sus hogares en periodo vacacional, pidieron que se erradique en la dependencia federal cualquier síntoma de corrupción e impunidad.
Rosalba Amezcua, reportera
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