Pide CDHDF mayor acceso a la educación de reas

Ciudad de México, 9 de Julio.- Al señalar que 70% de las mujeres privadas de su libertad en la ciudad de México tienen apenas educación primaria, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, urgió al gobierno capitalino a procurarles una formación que les permita, una vez que cumplan sus sentencias, contar con verdaderas opciones de manutención para ellas y sus familias.

No obstante los productos artesanales que generan las internas y que logran colocar en el mercado, explicó que el 20% de las mujeres privadas de su libertad en los reclusorios de la ciudad son analfabetas, y no logran entender siquiera por qué están presas, ni la situación jurídica en la que se encuentran.

A través de un comunicado, la CDHDF informa que durante la ceremonia de entrega de acervo bibliográfico donado por la comunidad judía B’nai B’rith a la Biblioteca Marcela Briseño del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, el ombudsman capitalino llamó la atención sobre la discriminación sistemática hacia las mujeres en reclusión, y celebró los programas y talleres de actividades manuales al interior de los reclusorios capitalinos.

Al delinear un perfil de las mujeres privadas de su libertad en México, Álvarez Icaza Longoria señaló que 70 % tienen entre 18 y 35 años; una tercera parte son solteras, otra parte igual son casadas y el resto vive en unión libre; mientras que el 80 por ciento son madres de tres hijos, en promedio, y una de cada tres de ellas son madres solteras.

Agregó que 7 de cada 10 tiene un bajo nivel educativo, con primaria completa o incompleta, por lo que no están en condición de entender sus procesos judiciales y poder defenderse de manera adecuada: “Mujeres con poca educación o que no saben leer, de repente tienen que firmar documentos que no alcanzan a comprender”.

Sólo 30% de las mujeres privadas de libertad tiene educación secundaria, preparatoria o alguna formación técnica, dijo el ombudsman capitalino, 48% de ellas están recluidas por delitos contra la salud, mientras que 35% lo está por delitos contra la vida.

Álvarez Icaza Longoria dijo que además persiste una interpretación machista de los juzgadores al Código Penal, ya que, de acuerdo con estudios, se ha comprobado que sus condenas son hasta 35% más altas que las impuestas a los hombres por los mismos delitos.

César Rodríguez, reportero